Un funcionario acusado de un millonario fraude a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es intensamente buscado por la Justicia y el juez federal Guillermo Molinari ordenó su captura nacional e internacional esta mañana.

Se trata de Luis Manuel Paz, coordinador del área de Gestión y segundo jefe de sede santiagueña de la institución, actualmente prófugo de la Justicia federal.

Paz es oriundo de la ciudad de San Miguel de Tucumán y se desempeña desde hace 11 años en funciones jerarquizadas. Los investigadores sospechan que manejaba una oficina paralela en el organismo nacional, en la que varias personas se beneficiaron por el cobro de pensiones "truchas".

En la misma resolución, Molinari ordenó otras 10 nuevas detenciones, en su mayoría beneficiaros de la millonaria estafa.

En un operativo realizado en horas de la siesta en cercanías de la ANSES, efectivos de la Policía detuvieron a otro empleado del organismo, identificado como Ricardo Trotta, de 36 años, con domicilio en el barrio Paraíso de la localidad santiagueña de La Banda.

Trotta tenía su cargo la liquidación de las cuestionadas pensiones, que más tarde eran autorizadas para su pago por el prófugo Paz, revelaron las fuentes.

El magistrado tiene previsto ampliar la indagatoria de Luis Villar, un gestor de 42 años, detenido en uno de los procedimientos a cargo de la Policía Federal Argentina, que incluyó el secuestro de computadoras, sellos y expedientes en la ANSES.

Para el otorgamiento de las pensiones, por montos que oscilaban entre los $12 y $29 mil mensuales, eran utilizadas actas de matrimonio falsas en las que jóvenes aparecían casadas con personas fallecidas, que eran elaboradas en oficinas de Registro Civil del interior provincial.

Por su parte, el fiscal federal Pedro Simón, que reasumió sus funciones tras un breve período de vacaciones, dictaminó en contra de los pedidos de eximición de prisión para otros imputados en la misma causa.

Según trascendió, el próximo martes deberá comparecer en el Juzgado Federal de Santiago del Estero la responsable de la ANSES local, Natalia Neme, quien es querellante, para aportar información y documentación relacionada con el fraude. 

En la misma causa, Graciela Saad, César Torres y el abogado Marcos Chazarreta, empleados de la ANSES, permanecen detenidos e imputados por "falsificación de documentos públicos, defraudación, abuso de autoridad y asociación ilícita".

También fueron apresados y prestaron declaración indagatoria los beneficiarios Celeste Lucatelli, asesora y sobrina de la diputada nacional Mirta Pastoriza; su hermano Héctor Lucatelli y Paola Conte.

De acuerdo con una auditoría, los detenidos están involucrados en 30 casos de estafa, 23 de los cuales corresponden a otras tantas personas que cobraban pensiones, en tanto dos estaban en curso de pago y la restante había sido denegada.