El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, presentó un proyecto para bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad en los delitos violentos.

El proyecto cuenta con el apoyo de otros legisladores del interbloque opositor, como Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy y Fernando Iglesias, y tiene como objetivo revertir "los efectos del delito en la sociedad". Para ello, prevé que los adolescentes que cometan delitos "se hagan responsables" de sus actos y reparen los daños ocasionados.

A su vez, propone que en lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, los adolescentes realicen todas las medidas posibles para reparar el daño producido. Además, establece que las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tengan el derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.

Según datos de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.

El legislador opositor plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa del acusado, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad, las cuales van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena sube a 15 años, en razón de la gravedad de los delitos.

La iniciativa prevé, por otra parte, que los juicios contra adolescentes sean realizados en un plazo máximo de dos años. En caso de que esto no se cumpla, las autoridades judiciales intervinientes estarán incurriendo en una falta grave.

De ser aprobada, se apuntará a evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil.

"El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades", señaló el diputado.

En esa línea, indicó: “La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”.

Y ahondó: “Siguiendo esta noción, el proyecto instaura un sistema que prioriza la realización de medidas restaurativas, por fuera del sistema judicial penal, estableciendo la excepcionalidad de las penas privativas de la libertad, y solo cuando el resto de las medidas hayan fracasado”.

El proyecto propone también la desjudicialización de los procesos penales, lo que permitirá al Estado contar, como primera respuesta al delito, con diferentes medidas socioeducativas, que deberán llevarse a cabo de acuerdo al Abordaje Restaurativo, entendido como un proceso en el que todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.

En tanto, se establece el abordaje restaurativo de trabajo desde la interdisciplina, con el objetivo de que las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas.