Una propuesta que plantea respaldar económicamente a las víctimas colaterales de los femicidios fue presentada esta tarde en la Legislatura bonaerense por parte de la diputada de Cambiemos, Sandra París.

El proyecto de ley busca que aquellos niños, adolescentes y personas con discapacidad que hayan quedado sin madre por causa de femicidios, reciban una reparación económica.

También te puede interesar: Datos escalofriantes: el 17% de las mujeres asesinadas tiene menos de 18 años

"Estamos dando un paso histórico en la provincia", sostuvo el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, al disertar durante la presentación de la medida.

Esta iniciativa surgió del trabajo conjunto de la legisladora con La Casa del Encuentro, presidida por Ada Rico.

El acto se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense y asistieron el vicegobernador, Daniel Salvador, la autora del proyecto y representantes de distintos espacios políticos.

De acuerdo a lo esgrimido por Martello, el hecho de que participen "las más diversas fuerzas políticas da una muestra cabal del gran compromiso existente para que el Estado otorgue una reparación" a los hijos de las víctimas de femicidio, que "en la mayoría de los casos" son chicos y adolescentes "que quedan en el más absoluto desamparo".

En ese sentido, el funcionario aseguró que "una vez que se apruebe esta iniciativa" en la provincia "seguramente habrá un proceso de federalización de esta reparación económica, para que rija en todo el país. Ya hay un proyecto en el Congreso Nacional", agregó.

El proyecto

París propuso un régimen de pago mensual para víctimas colaterales de femicidio hasta los 21 años, prorrogable hasta los 25 si acreditan prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio y no pueden sostenerse económicamente, y vitalicio en el caso de que sea una persona con discapacidad.

También prevé que el IOMA les proporcione asistencia psicológica o médica de acuerdo con sus necesidades.

El monto del beneficio será equivalente al sueldo básico para la categoría inferior del agrupamiento administrativo de los estatales bonaerenses con un régimen laboral de 30 horas semanales (Ley 10.430) con las actualizaciones correspondientes, estimado hoy en unos $10.000.