Tras la entrega de Carles Puigdemont, ex presidente del destituido Gobierno de Cataluña, y otros 4 ex funcionarios, el juez de instrucción de la Justicia belga determinó que los involucrados queden en libertad con medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de salir de ese país sin permiso.

Tanto Puigdemont como Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret declararon a lo largo de 4 horas -cada uno por separado- y abandonaron la Fiscalía de Bruselas 14 horas después de su llegada.

Una vez pasadas las audiencias, el juez instructor belga también impuso a los 5 la obligación de comunicar una dirección de residencia y asistir personalmente a cada una de las futuras audiencias a las que se les convoque.

Cómo continuará la causa

El magistrado tiene ahora hasta 15 días para volver a convocarlos en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, que decidirá sobra la euroorden de entrega que pesa sobre ellos enviada por la Justicia española, según reveló la Fiscalía en un comunicado. 

La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, de acuerdo al portavoz del Ministerio Público. No obstante, éste había matizado con anterioridad a la decisión del juez que, en caso de que no se ordenara su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.

En ese caso, Puigdemont no sería entregado a España antes del 21 de diciembre, fecha en que Mariano Rajoy llamó a elecciones autonómicas en Cataluña, a las que el ex líder regional pretende concurrir, y para las que su partido, el Partido Democrático Europeo de Cataluña (PDeCAT), le ha propuesto como cabeza de lista.

¿Qué dice España?

En tanto, la Justicia española se pronunció esta mañana sobre la decisión de su par belga y manifestó "máximo respeto". 

"El Ejecutivo respeta la manera de actuar de la Justicia belga exactamente igual que la de la española", sostuvo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la prensa.

"Por parte del Gobierno, y dado que estamos hablando de un sistema tan democrático como el español, máximo respeto -enfatizó- a las decisiones de los jueces en España, en Bélgica y en todos los Estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial", agregó.