Con el propósito de que la “mano justa” (y no “mano dura”, Durán Barba tip) y la agenda de seguridad marquen el pulso del 2019, Cambiemos continúa profundizando la instalación de las discusiones de una serie de medidas vinculadas con este punto.

A la Resolución 956/2018 que dispone los casos en los que las fuerzas federales podrán disparar, se incorporaron con pronta rapidez el trascendido de buscar crear un Ejército de reserva conformado por civiles y el anuncio que plantea avanzar con la compra de 300 pistolas eléctricas Taser.

Lo cierto es que el proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado durante el año 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano. No obstante, en las últimas horas, el oficialismo hizo públicas (nuevamente) sus intenciones de enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad.

Según confirmó Martín Casares, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo aceptaría este nuevo texto más moderado del que se propuso en un principio, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse a los 14 años en vez de a los 16, tal como lo establece la legislación vigente.

El proyecto y los criterios por edad

Aquellos delitos cometidos por adolescentes mayores a 15 años y menores de 18, serán reprimidos con una pena máxima de 15 años.

• A los 15 años: serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. Los adolescentes que reciban una condena de prisión, no compartirán celdas con adultos.
• Entre los 16 y los 18 años: serán imputables siempre y cuando no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años. Los adolescentes podrán ir a la cárcel cuando cometan un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
• Menores de 15 años (inimputables): para quienes cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, habrá un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los chicos y evitar que continúen desarrollándose en torno al delito.

Con mayor fuerza que nunca, el delito es hoy uno de los principales problemas sociales para los ciudadanos y la clase política ha tomado nota. Ante una economía que parece situada en una caída sin fondo, la seguridad pretende ser el eje de debate de este año.

Como consecuencia, la "guerra contra la inseguridad" se transformará en uno de los motores de la extensa campaña electoral que atravesará a la Argentina en 2019.

Estando a 41 días de iniciar el calendario provincial  (17/2 las PASO en La Pampa), 216 para el nacional (11/8 PASO) y con el efecto Bolsonaro como modelo de rédito electoral garantizado, el Gobierno con Patricia Bullrich a la cabeza parece decidido a instalar el relato de la seguridad como eje de un 2019 electoral.

Hace instantes, fue la propia Bullrich quien confirmó haber "llegado a un consenso, que es la imputabilidad para los delitos graves a los 15 años".