La agenda de seguridad ocupa un triste lugar en las campañas electorales de nuestro país: Triste por partida doble, dado que (al compás de las encuestas y los temas que “miden”) no sólo maquilla la falta de políticas públicas señalando a un enemigo común construido según los tiempos que corran, sino que además dilatan y dificultan aún más la resolución de una de las principales preocupaciones de la gente.

En tiempos de promesa electoral los principales partidos repiten como un credo el “más policías en las calles” como única solución posible a un problema que transita distintas realidades.

¿O la ausencia de seguridad es la misma para todos y todas?, ¿no hay una doble moral de la inseguridad donde se promete más policías para las calles pero se termina destinando menos aún para prevenir y atravesar que una mujer es asesinada cada 31 horas, por ejemplo?.

El marketing político emocional utiliza recursos de comunicación estratégica que influyen sobre la audiencia y electores buscando así establecer una conexión con algún candidato.

Con mayor fuerza que nunca, el delito es hoy uno de los principales problemas sociales para los ciudadanos y la clase política ha tomado nota. 

La seguridad en la agenda electoral

Como consecuencia, la guerra contra la inseguridad se transformó en uno de los motores de las campañas electorales. Estando a 63 días de iniciar el calendario electoral provincial  (17/2 las PASO en La Pampa) y 248 para el nacional (11/8 PASO), el Gobierno, con Patricia Bullrich a la cabeza parece decidido a instalar el relato de la seguridad como eje de un 2019 electoral.

Lo cierto es que podemos pensar a la génesis de la alianza Cambiemos con el miedo como una de sus bases. El malestar con el kirchnerismo se sintetizó en el temor a que la Argentina termine como Venezuela, que se “chavizara”. Como sostiene Vommaro en “La larga marcha hacia Cambiemos”: El diagnóstico era el populismo, el fantasma, el chavismo.

En este último año a su vez hemos visto una variedad de acusaciones a partir de poner la lupa sobre los inmigrantes, las sucesivas amenazas de bombas, el fallido Hezbollah de Floresta y claro, el decreto de Patricia Bullrich sobre el empleo de las armas de fuego por parte de las fuerzas federales.

Lo que está en juego

En la historia reciente de la Argentina, por un lado, parecería existir una profunda preocupación por el delito y la inseguridad, pero por otra parte una distancia marcada  en apoyo a políticas que impliquen una mayor militarización de la seguridad ciudadana.

Existe bastante apoyo al endurecimiento de las penas, pero en el marco de una adhesión firme por el Estado de Derecho y la no militarización de la seguridad interior. Los castigos serán más duros o más leves, pero seguirán un debido proceso.

Lo que se está poniendo en juego es precisamente esto último. El grupo social que busca “mano dura” como respuesta a los problemas parece cada vez más predispuesta en apoyar a un candidato embanderado en propuestas de este tipo.

Con Trump y Bolsonaro como algunos de los numerosos síntomas recientes y conocidos, el discurso que entiende al odio como política ya no se calla. Y además, gana elecciones.

Parecería entonces que cada dos años el pleno de la clase dirigencial argentina recuerda los dilemas de seguridad en nuestro país, las necesidades de la gente y ensayan las soluciones que permita obtener los votos necesarios.

Lo único verdaderamente seguro es una cosa, diagnósticos y planes sobran, lo que falta es ejecutarlos (a los planes, claro).