Apenas superado el primer semestre de Nayib Bukele como Presidente, El Salvador ingresó en un período de tensión luego de que el mandatario convocara a una suerte de insurrección civil, así como del ultimátum otorgado al Parlamento para aprobar un crédito externo orientado a financiar un programa de seguridad.

Por un lado entonces se trata de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares, destinado a financiar el refuerzo y el equipamiento de las fuerzas de seguridad para su lucha contra el crimen organizado.

$64.2 millones serían para comprar equipo como patrullas, helicópteros y hasta un buque; $25.8 para cámaras y equipo de videovigilancia y $19 millones para administración, imprevistos y comisiones.

Lo cierto es que la petición de tratamiento del proyecto llegó a la Asamblea en noviembre de 2019, pero la presión del Ejecutivo tuvo su intensificación sobre el pasado miércoles 5 de febrero. Fue en este contexto que las bancadas opositoras mayoría en el recinto decidieron retirar de la agenda el dictamen para aprobar el crédito en cuestión.

Activo desde su cuenta de Twitter y encabezando desde su figura las presiones sobre los legisladores, el viernes último, el jefe del Estado ordenó retirar la seguridad de los diputados que presta la Policía y al tiempo que ayer militarizó la instalaciones de la Asamblea.

Asimismo, anoche volvió a fracasar otro intento de que sesionara el parlamento, cuando sólo 28 de los 84 diputados asistieron a la convocatoria realizada por su presidente, Mario Ponce, que entonces realizó un nuevo llamado para mañana a mediodía. Fue este el punto de inflexión en lo que al normal funcionamiento del Parlamento respecta. 

Las dos principales fuerzas opositoras (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista) denunciaron que autoridades de la Policía Nacional y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) presionaron a varios de sus legisladores para que asistieran a la Asamblea.

Bukele por su parte, se presentó en la sede del Parlamento donde solo una veintena de los 84 diputados asistió a la sesión convocada por el mandatario, en medio de soldados armados con fusiles.

Al salir de allí y ante cientos de manifestantes a los que también había convocado vía Twitter, el presidente afirmó: “Todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo ‘Paciencia, paciencia, paciencia’.”

“Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios; en una semana nos convocamos acá, y si no aprueban, yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución”, agregó.

Ese artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones de los derechos humanos consagrados” por la propia carta magna.

En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, informó que la Policía Nacional Civil quedó a la espera de instrucciones "ante la negativa de los diputados a asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros".

Por su lado, el ministro de Defensa, almirante René Merino, afirmó en conferencia de prensa que los militares estaban "esperando las órdenes" y subrayó: "Honraremos el juramento de obedecer al presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aun a costa de nuestras vidas".

Bukele advirtió por Twitter que el llamado a la sesión extraordinaria "se mantiene vigente y la asistencia de los diputados es ineludible", por lo que aquellos que no concurran "responderán por sus propias acciones" porque "la Constitución también es clara en este punto".