La extinción de dominio es un término referido al mecanismo judicial que posibilita al Estado nacional el recuperar bienes (ya sea las ganancias en sí mismas -dinero- o los bienes utilizados -autos para secuestrar personas-) vinculados a la corrupción.

En adición a los casos de corrupción mencionados, la normativa aplica a escenarios de asociación ilícita, trata de personas, contrabando y narcotráfico entre otros delitos graves.

El concepto al que apunta esta herramienta legal es que se marquen caminos separados entre la condena penal que pesa sobre el individuo y el destino final de los bienes que estén presentes en la acusación.

Mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarán a la Justicia civil, que de esta manera podría decir primero, si los mismos provienen de delitos y posteriormente, en caso de ser así, confiscarlos.

Lo cierto es que esta ley fue votada en el Senado de la Nación el pasado 23 de agosto del 2018, donde por 40 votos afirmativos, 26 negativos y 6 ausencias. De esta manera, el recinto no logró los dos tercios necesarios (48) según lo dispuesto por el reglamento interno del Congreso nacional.

A partir de esto es que la iniciativa había vuelto a la Cámara de Diputados (donde tenía como antecedente la aprobación del proyecto en junio del 2016) pero a raíz de los consensos entre el Justicialismo y el kirchnerismo, el debate se estancó.

En ese escenario quedaron contrapuestas las alternativas establecidas tanto por el oficialismo como desde la oposición:

• La idea oficialista buscaba iniciar este juicio por la vía civil y no penal, sin que exista una sentencia que se encuentre firme sobre la persona acusada.
• El proyecto justicialista por su parte planteaba que para que pueda iniciarse este juicio paralelo tiene que existir una condena contra el acusado que ingrese por la vía penal y la misma debe estar firme.