El peronismo aprobó en el Senado el proyecto de extinción de dominio que presentó meses atrás el Bloque Justicialista y le ganó al oficialismo, que intentó avanzar con un proyecto propio.

Después de ser aprobada en el Senado con 40 votos a favor y 26 en contra, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados. 

La extinción de dominio es una figura jurídica que es reclamada con insistencia por el Gobierno porque permitiría al Estado convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas.

Sin embargo, el oficialismo no logró llegar a un acuerdo con la bancada que encabeza Miguel Ángel Pichetto, que luego de casi dos años de negarse a tratar el proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados por considerar que tenía fallas de procedimiento, impuso uno propio.

"Era una barbaridad votar el proyecto como venía, la mera sospecha disparaba la acción (de la extinción de dominio). Si la Cámara de Diputados lo quiere votar que lo vote", manifestó el jefe del Bloque Justicialista.

El proyecto del Bloque Justicialista sostiene que la norma debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, pero permite la extinción anticipada en casos como la flagrancia o la fuga. La ejecución de la misma queda en manos del Ministerio Público Fiscal y dentro del fuero penal.

Cambiemos impulsó un proyecto propio que mantuvo algunos elementos que estaban en el de Diputados y que ponía la extinción de dominio en manos de un juez civil que puede ejecutarla antes de que haya una sentencia penal.

En los días previos a la sesión, Cambiemos afirmó que su iniciativa era para "recuperar lo robado" en el marco de las causas por corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas. La diferencia es que era retroactivo, mientras que el del justicialismo no.

Lo que se destaca de la iniciativa del oficialismo es que la figura de la extinción de dominio podría aplicarse a las causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

La bancada que lidera Cristina Kirchner pidió incluir en el proyecto los delitos contra el orden económico y que la extinción, en los casos de corrupción, se aplique también a "los corruptores".