Los sorpresiva renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, ha generado un gran revuelo en el ámbito internacional. Su salida se relaciona automáticamente con las cuestiones vinculadas a hechos de corrupción de los que se lo acusa haber participado, en particular con la mega causa Lava Jato, que también le ha costado el puesto a Dilma Rousseff.

Ante esta determinación, y la posterior conferencia de prensa del ex mandatario, el artículo 113 de la Constitución de Perú, detalla que el poder recae sobre el vicepresidente Martín Vizcarra, que también se desempeña como embajador de su país en Canadá, quién se presenta como el primer responsable en hacerse cargo del gobierno hasta el año 2021.

El político de 55 años recién cumplidos es un ingeniero recibido en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) del país incaico, y siempre ha estado ligada a la actividad privada hasta el año 2010, en el que se definió por la política y se convirtió en el Gobernador de Moquegua, puesto en el que se desempeñó desde el 2011 hasta el 2014.

Durante su gestión, que fue muy bien recibida por los locales y el resto del pueblo, Vizcarra se destacó por dos hechos de suma importancia económica y social. Por un lado, alcanzó su punto máximo en el 2012 cuando cerró la negociación con la minera Anglo American para frenar el conflicto minero en Quellaveco.

Mientras que en cuestiones sociales, su gestión se ha caracterizado por un excelente accionar en materia educacional.  Según detalla el periódico La República de Perú, los colegios de esa parte del país se ubicaron en el primer lugar en la Evaluación Censal de Estudiantes realizada por el Ministerio de Educación.

En el año 2016, inició su trabajo en el Poder Ejecutivo, a cargo de la cartera del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), pero se vió envuelto en un gran conflicto de corrupción por la aprobación de la adenda del contrato con la constructora Kuntur Wasi para la ejecución el aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

Si bien el hecho continuó en la Justicia, en los primeros meses de este año se determinó el cierre de la causa en su contra, tras no encontrar "elementos de prueba suficiente", pero en las últimas semanas ha sido llamado como el posible "salvador" del Ejecutivo por los propios opositores, ante la inminente crisis.