Un total de 153 personas, entre ellos cinco menores, fueron rescatadas el miércoles en la localidad correntina de Juan Pujol, víctimas de explotación laboral en siete aserraderos en los procedimientos en los que participaron además de Gendarmería, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, entre otros organismos nacionales y provinciales. 

De las 153 personas que lograron rescatar en dichos operativos, por orden de la justicia de la localidad de Paso de los Libres, 145 son argentinos -cinco menores-, dos de nacionalidad paraguaya, uno brasileño.

Los cinco menores fueron restituidos a sus progenitores y se incautaron 1.121.000 pesos, cinco teléfonos celulares y una computadora, así como documentación de importancia para la causa, precisaron las mismas fuentes.

En los operativos no surgieron detenciones ni clausuras, aunque se encuentra abierta una causa en el juzgado de Paso de los Libres, atendido por el juez Gustavo Fresneda, con participación de la Fiscalía Federal a cargo de Fabián Martínez.

Por su parte, el Renatre detectó indicios de explotación laboral en un establecimiento de producción forestal durante una fiscalización en la zona noreste de la provincia de Corrientes.

Durante esos controles se habían encontrado cinco trabajadores "viviendo en condiciones muy precarias, en un colectivo viejo, sin agua potable ni energía eléctrica", detalló a Télam la titular del Renatre en Corrientes, Mónica Arnaiz.

La funcionaria refirió, además, sobre la cuestión salarial que "ninguno de ellos sabía cuánto ganaba" de acuerdo a las declaraciones de los empleados, todos oriundos de la localidad misionera de Leandro N. Alem.

En tanto, agregó que el personal realizaba para la empresa forestal "tala de árboles y no les proveyeron ni ropa de trabajo ni elementos de seguridad para la labor". 

"Se realizó la denuncia penal ante un claro indicio de explotación laboral porque no sabían ni siquiera cuánto iban a ganar, están lejos de su lugar de origen y en condiciones muy precarias de vivienda", explicó Arnaiz a Télam.

Por otra parte, precisó sobre las próximas acciones que todo se enmarca en un procedimiento administrativo, "donde se le otorgan 15 días hábiles al empleador para regularizar la registración de los trabajadores y su situación de contratación".

En el caso interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de explotación laboral. 

La fiscalización se llevó a cabo el pasado lunes en una zona rural cercana a San Carlos, localidad distante a 350 kilómetros al este de la Capital provincial y en el límite con Misiones, en un establecimiento rural dedicado a la producción forestal.

Del control, tal como se hace habitualmente, participó personal del Renatre y representantes de Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y posteriormente se realizó la denuncia penal.