El 13 de diciembre de 1983, apenas 72 horas después de haber asumido, Raúl Alfonsín dio inicio al proceso del juicio con la firma del decreto 158, que ordenaba el juzgamiento de las juntas militares.

Dos días después se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El 20 de septiembre de 1984, el informe de la Conadep certificó 8961 desapariciones durante la dictadura, así como el funcionamiento de más de 300 centros clandestinos de detención y el modus operandi de la represión: secuestro, tortura y asesinato.

Luego de que el decreto 158 del presidente Alfonsín, que delegaba en las Fuerzas Armadas el deber de juzgar a los responsables, no cumpliera con las expectativas, el mismo se pasó a la Justicia Civil. Esto fue posible gracias a que en la reforma del Código de Justicia Militar, el neuquino Elías Sapag logró modificar el proyecto para que las cámaras federales intervinieran si el Consejo dilataba sus sentencias o si militares eran absueltos.

La cámara federal integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, tomó como base probatoria, el Informe de la Conadep que su presidente, Ernesto Sabato, había entregado a Alfonsín seis meses antes.

Fueron acusados: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

Argentinos y argentinas estaban pendientes de los informes diarios del juicio, y de esta manera, pudimos conocer más del oscuro período que atravesó nuestro país durante 1976-1983. 

Por su parte, durante estas jornadas estremecedoras, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, aportaron pruebas decisivas para que los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones condenaran por violaciones a los derechos humanos a varios de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas.

La sentencia fue leída el 9 de diciembre de 1985, con cuatro absueltos pero con la condena de reclusión perpetua para Videla y prisión perpetua a Massera. Esto generó una sensación de alivio y satisfacción, pero las Madres de Plaza de Mayo advertieron que vendrían tiempos de impunidad para los oficiales inferiores, y no se equivocaron.

De acuerdo a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad al 15 de septiembre de 2020, 997 personas fueron condenadas y 162 absueltas en 246 juicios por delitos de lesa humanidad. El proceso de justicia a esa fecha ha alcanzado a 3329 personas en casi seiscientas causas judiciales en todo el país.