La administración de Mauricio Macri está siendo reiteradamente apuntada por presuntos casos de corrupción: a la renuncia del subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan acusado de lavado de dinero y a las coimas que aparentemente recibió el titular de la AFI, Gustavo Arribas, se le suman las denuncias realizadas por la ex diputada nacional Margarita Stolbizer.

La fundadora del GEN sostiene que Juan Pablo Peredo, Luciano Elizalde Acevedo y Alejandro Alonso cometieron supuestas negociaciones incompatibles, sumado a un abuso de autoridad al contratar a una empresa de su propiedad a través del Ministerio de Modernización.

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Por medio de su abogada, Silvina Martínez, la ex legisladora presentó esta mañana la denuncia que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, en la que asegura que los acusados figuran como titulares de "Labcom SA", la firma cuestionada.

"Los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el presidente de la Nación", argumenta Stolbizer en el documento.

En esta presentación se solicita investigar "los beneficios otorgados mediante la contratación por parte del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa (Labcom SA), cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del gobierno nacional".

De acuerdo a lo postulado por la ex candidata a presidenta, Acevedo "es investigador del Conicet" y, según afirman diferentes medios periodísticos, "comparte en condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo)".

Stolbizer hace referencia a la Finca "Pluma de Pato", ubicado en la localidad salteña de Coronel Sola.

"El presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015. Juan Pablo Peredo, quien se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones", añade el escrito.

En cuanto a Alonso, la denuncia alega que "también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional, ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".

Stolbizer sostiene que Labcom obtuvo sus ingresos de manera mayoritaria por contrataciones con el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires.

"En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por $ 4.641.036,23 y durante el año 2017 $ 2.315.876,31. Sin embargo, no se registran montos por costo de los servicios. Tampoco se registran rubros destinados al pago de empleados", agregó.

La denunciante aludió a la contratación de un servicio de consultoría "en relación al Seguimiento de Evolución de Proyectos Centrales" por parte de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización por $1.260.000 que se adjudicó a Labcom, que se hizo "sin advertirse que los integrantes de dicha empresa eran funcionarios públicos a esa fecha".