La provincia de Mendoza es la única del país que habilitó el trabajo de estas plataformas a través de una ley. Desde entonces, el uso de Uber y Cabify es legal y desde el año pasado las aplicaciones no dejan de crecer.

Al principio era raro conseguir algún auto disponible, pero a la actualidad ya hay 375 coches que pertenecen a Uber y 125 a Cabify, según datos que difundió la Secretaría de Transporte.

Si se tiene en cuenta que hay 1500 taxis en la provincia, de los cuales la gran mayoría trabajan en el Gran Mendoza, se entiende que la competencia “ya se hace sentir”.

Desde la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (APROTAM) consideran que esta competencia es desleal porque “cobran un servicio demasiado barato, lo que promueve que los taxis tradicionales salgan del sistema”. Fernando Sáez, titular de la entidad, destaca continuamente en los medios de comunicación que “el Gobierno no los atiende ni da respuestas sobre las necesidades del sector”. Agrega que en la provincia hay 5000 familias que viven de la actividad y anticipa que muchos perderán su trabajo si no “se cambian las reglas del juego”.

Con estos reclamos los taxistas se reunieron este martes con la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados. Allí el diputado del PJ Carlos Sosa destacó:

“Buscaremos hacer estos planteos al Gobierno. Vemos que el Ejecutivo no está habilitando nuevos taxis y esto provoca que las plataformas crezcan cada vez más y se promueva una competencia desleal”.  

Sáez además enfatiza la falta de control sobre los “taxis truchos” y asegura que, además de la existencia de Uber y Cabify, existen cientos de coches que trabajan en empresas camufladas y que brindan servicios sin tributar al fisco y con sus trabajadores en negro. “El gobierno no hace nada para terminar con este mercado”, asegura el presidente de APROTAM.

Para el colmo de los males, la semana pasada, el Tribunal de Gestión Judicial Asociada 4 rechazó un amparo de la Asociación de Propietarios de Taxis y ratificó la Ley de Movilidad y su decreto reglamentario, es decir, el uso de las aplicaciones.

Ley de movilidad

 

La norma fue reglamentada en julio del año pasado y entró en vigencia a fines del 2018. Entre otras cosas abrió la puerta a las plataformas electrónicas (como Uber, Taxify y Cabify). Los conductores de estas aplicaciones deben contar con carnet profesional, tener un vehículo con no más de 5 años de antigüedad, tener el monotributo y estar inscriptos en Uber o Cabify.

El gobierno asegura que controla la actividad de estas empresas y que deben pagar impuestos, como cualquier otra.