El exsecretario de Energía del Gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, será indagado esta semana por la jueza federal María Servini en una causa que lo ubica como responsable de que los usuarios de gas sean obligados a compensar a las empresas distribuidoras del servicio por los efectos de la devaluación, gracias a una resolución de 2018.

Se trata de la Resolución 20 de ese año que habilitó a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019, en 24 cuotas, debido a la gran devaluación que sufrió el país, siendo los usuarios gravemente perjudicados y por este motivo, la fiscal federal, Paloma Ochoa, requirió su indagatoria.

Para el Ministerio Público Fiscal, el ex secretario de energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”. Durante el anterior gobierno, las tarifas de gas aumentaron un 220%, en tanto la deuda total del sector residencial (morosos) creció 1.257% entre 2015 y 2019; la de las pequeñas y medianas empresas 4.010% y la de las entidades de bien público un 6.700%, según informó BAE Negocios.

La jueza explicó que esta maniobra perjudicó a los "usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado".