Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluirán este lunes con el alegato acusador en el juicio oral que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en favor del empresario Lázaro Báez.

"Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado", dijo el fiscal Luciani durante la primera jornada de alegatos. Se prevé, por lo tanto, un pedido de condena por corrupción contra la ex presidenta, que podría incluir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La vicepresidenta está acusada de haber encabezado una asociación ilícita agravada y de ser responsable de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue jefa de Estado.

Cómo sigue el juicio

Una vez que finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados puedan terminar de pulir sus ponencias en el marco del debate final.

Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Según la fiscalía, durante su gestión, Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez producto de una amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, afirman que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

La reacción del oficialismo

Desde hace varias semanas, funcionarios y dirigentes denuncian una persecución judicial contra la vicepresidenta y afirman que buscan proscribirla. "Jueces macristas, no jodan con Cristina", rezan pintadas firmadas por La Cámpora, que aparecieron semanas atrás.

Ayer, en tanto, unos 500 intendentes de todo el país volvieron sobre la idea de una "persecución" contra la titular del Senado: "La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente", afirmaron.

Mientras, aflora en la superficie una convocatoria para una movilización contra la Justicia. "No podemos permitir que Cristina sea condenada", lanzó Hebe de Bonafini.