El agente de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, declaró en el marco de la causa en la que es investigado por haber arrojado gas lacrimógeno a una niña de diez años durante la movilización de jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso. En un escrito entregado ante el juez federal Ramos y el fiscal Taiano, negó haber visto a la menor, aseguró que actuó siguiendo órdenes de sus superiores y pidió ser sobreseído.

Según informaron fuentes judiciales, Rivaldi se presentó este martes en los Tribunales Federales de Retiro, donde dejó un descargo por escrito en el que rechazó las acusaciones en su contra. De esta manera, aseguró que durante el operativo “cumplió órdenes” impartidas desde la sala de "Comando Unificado de las Fuerzas Federales" y que sus desplazamientos fueron "por disposiciones emanadas de tales mandos, concordantes con el servicio".

En el texto, sostuvo que en la jornada hubo "violencia en forma constante" y que a través de la radio policial recibieron instrucciones con “disposiciones tales como ‘avance, disperse a los revoltosos y liberen la calzada’”. También afirmó que no recibió “en ningún momento alguna orden manifiestamente ilícita, ni mucho menos”.

Además, manifestó que “nunca vio a una menor en el lugar” y que su atención estaba enfocada en “los sitios donde se producían los desmanes”. Y, sobre la presencia de la niña, remarcó que “jamás” imaginó que estaría “solapada en esos grupos violentos” y añadió: “En toda mi carrera, nunca hubo menores en las variadas manifestaciones de la que me tocó participar como grupo de operaciones”.

A su vez, declaró que si hubiera identificado la presencia de una menor, lo primero que hubiera hecho “era sacarla del lugar” u ordenar que alguien lo hiciera “urgentemente”. Por otro lado, hizo referencia a que “es la madre a quien le incumbe sus deberes de protección y cuidado derivados de la responsabilidad parental”.

En su presentación, el agente también propuso nuevas medidas de prueba, entre ellas pericias sobre fotografías e imágenes registradas durante la represión de ese día. Tras concretarse la indagatoria, el juez Ramos quedó en condiciones de definir la situación procesal del acusado.