El artículo fue eliminado del proyecto por el Gobierno antes del debate en el Senado y generó malestar en las empresas.

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Lejos de los grandes méritos deportivos que ha tenido Independiente en las últimas semanas de 2017, el cierre de año desde el punto institucional no ha sido para nada conveniente para el club de Avellaneda, que ha sufrido algunas detenciones y graves acusaciones de lavado de dinero y vínculos con la barra brava.
Primero fue Noray Nakis, detenido tras un operativo ordenado por el titular de Aprevide, Juan Manuel Lugones, y luego se apuntó a Sergio "Yoyo" Maldonado por mantener una relación estrecha con el jefe de la hinchada, Pablo "Bebote" Álvarez, que ha vuelto al centro de la escena judicial por el apriete al entrenador Ariel Holan.
A partir de dicho caso, el acusado ha declarado en carácter de arrepentido de la causa, y tras una serie de escuchas telefónicos, se investigó la supuesta entrega de entradas por parte del club, y entre los nombres que han surgido en las últimas investigaciones ha figurado el del vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano.
Ante esta grave acusación, el abogado defensor del hijo del presidente, Hugo Moyano, salió a negar todo tipo de acusación de Álvarez. "Mi cliente no guarda ninguna relación con los barras, no está procesado ni tiene peligro de detención", sentenció Daniel Llermanos.
Esta investigación, llevada adelante por la Justicia de Lomas de Zamora, había ordenado una serie de allanamientos en la sede de Independiente de la Avenida Mitre y en el estadio Llibertadores de América, que fueron realizadas en la jornada del jueves 28 de diciembre. Además, se investigó una empresa de sistemas que tendría participación en la venta online de entradas.

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