La propuesta incluye convenios por empresa, un sistema de incrementos salariales dinámicos y mecanismos para garantizar el trabajo formal y proteger a los sectores más desfavorecidos.

Luciani advirtió que la medida “está firme pero no se ejecuta” y detalló la magnitud de los bienes involucrados, además de denunciar presuntas interferencias del Poder Ejecutivo.

Las nominaciones en embajadas y consulados serán revisadas y asignadas por quien asuma el cargo la próxima semana, en el marco de un reacomodamiento político.

La casa de estudios cuestionó el decreto que suspendió su ejecución y advirtió que la medida “quebranta la voluntad soberana del Congreso” y vulnera derechos constitucionales del sistema educativo.

La medida solicitada se enmarca en la Ley 26.485, que habilita ordenar a las plataformas digitales la supresión de contenidos que constituyan violencia digital o telemática.

La decisión incluyó a unos 1.000 fiscales y generó un nuevo conflicto interno por supuestos desmanejos económicos y acusaciones cruzadas entre dirigentes del espacio liberal.