Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda, los presidentes de River y Vélez, respectivamente, fueron imputados en la causa que investiga el exceso de público en los partidos del pasado fin de semana, por delitos que contemplan penas de prisión de hasta dos años.

Los directivos fueron responsabilizados como máximas autoridades de los clubes, pero el avance de la investigación podría extender las acusaciones a otros integrantes de ambas Comisiones Directivas, especialmente a quienes tenían responsabilidad directa en la organización de los encuentros que disputaron sus equipos como locales.

La confirmación vino de parte del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, luego de los allanamientos al Monumental que se realizaron este lunes, donde se secuestraron cámaras de seguridad, servidores con las imágenes del sistema de monitoreo, registros de los molinetes y documentación sobre el personal estable y contratado para el operativo de acceso a las gradas.

Precisamente, la fiscalía a cargo de Celsa Ramírez había imputado a las comisiones directivas de ambos clubes por haber permitido que ingresaran a los estadios más espectadores que los que habían sido autorizados mediante una disposición especial del Gobierno, que permitió la vuelta del público a las canchas.

Sin embargo, el fiscal general Mahiques explicó que, además del artículo 205 del Código Penal (que reprime la violación de normas dispuestas para controlar una pandemia), los directivos de ambos clubes pudieron haber infringido el artículo 239 de esa misma ley, que castiga a quien desobedeciere o se resistiera a una indicación de un funcionario público.

Las figuras que pesan sobre ambos dirigentes son las mismas que se vienen aplicando en todos los casos de infracciones a la normativa dispuesta a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) desde el inicio de la pandemia en todos los fueros judiciales del país.