La lenta salida de la pandemia le ha permitido a los políticos norteamericanos poner el foco en otra de sus grandes preocupaciones históricas: el ascenso de la violencia en los videojuegos y su influencia en el comportamiento de la población.

Esta vez fue el senador Marcus Evans Jr., representante del estado de Illinois quien presentó el proyecto de ley 3531, una enmienda a un estatuto aprobado en 2005 que prohíbe la venta de videojuegos violentos a menores de edad. La enmienda propone prohibir definitivamente la venta de juego identificados como violentos, y sumar a la definición de “videojuego violento” el daño físico y psicológico:

“[Un videojuego] que le permite al usuario o jugador controla a un personaje dentro del juego que es incitado a perpetuar la violencia entre humanos en el que el jugador mate o cause serio daño físico o psicológico a otro humano o animal”.

El concepto de “daño físico serio” también se expandiría para incluir “un robo de vehículo con un conductor o pasajero presente en el vehículo cuando el robo comienza” porque, como destaca el Chicago Sun-Times, la ley sería una respuesta a la escalada de robos de vehículos que se ha dado en Chicago: sólo durante enero se habrían reportado más de 200 incidentes de ese tipo en la ciudad.

Early Walker, un ciudadano de Chicago dueño de una empresa de remolques y miembro de una organización anti-violencia asegura que hay similitudes entre los robos y el juego Grand Theft Auto de Rockstar Games.

“Siento que se ha vuelto un grave problema”, le dijo Walker al Chicago Sun-Times. “Cuando se comparan las situaciones aparecen muchas similitudes entre ambas”.

El senador Evans espera que la aprobación de la ley “prohíba la venta de juegos que promueven las actividades” que la comunidad está sufriendo, al introducir una pena de hasta 1000 dólares para aquellos que continúen comercializando esos productos.

La propuesta del senador tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en ley, por supuesto, y en caso de aprobarse tendrá que lidiar con las previsibles demandas, ya que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró en 2011 que los videojuegos se encuentra protegidos por la Primera Enmienda y la libertad de expresión.

La Electronic Software Association (ESA), la organización que nuclea y representa a las principales empresas de la industria, ya emitió un comunicado rechazando la propuesta del senador, explicando que entienden y comparten "la preocupación por lo que está sucediendo en Chicago, no hay evidencia que conecte al entretenimiento interactivo y la violencia real”.

“Creemos que la solución para este problema tan complejo radica en examinar profundamente factores actuales que conducen a tales comportamientos en lugar de culpar erróneamente a los videojuegos basado solamente en la especulación”.