La Cámara de Diputados de la Nación logró en la madrugada de hoy convertir en ley el proyecto que promueve la equidad en la representación de género en los servicios de comunicación.

La norma, que ya contaba con media sanción del Senado donde fue votada por unanimidad, obtuvo 134 votos positivos y 9 negativos.

Juntos por el Cambio intentó frustrar la votación cuando la mayoría de sus integrantes se levantó de las bancas (o se desloguearon aquellos que seguían la sesión de forma remota) con la intención de retacear el quórum, pero finalmente no alcanzó.

"No se están levantando de sus bancas porque se lo pide una radio comunitaria de Chascomús. Se están levantando de sus bancas porque se lo piden los grandes medios de comunicación de la Argentina", reprochó el diputado Germán Martínez.

La norma como eje central obliga a los medios de gestión estatal a aplicar el principio de equidad sobre la totalidad de la planta, incluyendo los cargos de conducción.

Establece a su vez que debe garantizarse una proporción no inferior al 1% de personal de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex, en línea con el proyecto de cupo laboral que se había aprobado una hora antes para este colectivo históricamente vulnerado.

En cuanto a los servicios de comunicación de gestión privada opera una lógica diferente: un sistema de preferencia en la asignación de pauta oficial.

Concretamente, la norma crea un registro y apunta a expedir un certificado de equidad para aquellos que apliquen el principio de equidad a sus estructuras. Es decir que aquellos servicios de comunicación privados que obtengan el certificado de equidad tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial.

Este fue el punto que motivó la discrepancia de Juntos por el Cambio, que alegó que un sistema de preferencia para la asignación de pauta oficial actuaría como "censura indirecta" y entraría "en colisión con el derecho a la libertad de expresión.

Así se expresó, por caso, la radical Karina Banfi y la diputada del PRO, Silvia Lospennato, quienes cuestionaron el hecho de “establecer un sistema de preferencia para recibir la publicidad oficial" porque "colisiona con el derecho a la libertad de expresión garantizado en nuestra Constitución y en los tratados de Derechos Humanos".

"Compartimos el espíritu, queremos acompañar la idea, estamos de acuerdo con el resto de la ley, pero no me perdonaría que por no advertir esto estemos coartando la libertad de expresión que es una garantía central del sistema republicano y la democracia", concluyó Lospennato, anticipando su voto negativo.