Luz Díaz tiene 22 años. Es travesti y estuvo presa ocho meses en el Penal de Ezeiza por un delito que, aseguran, no cometió. Luego de pasar casi un año detenida, le otorgaron la prisión domiciliaria pero, aunque casi no ve, ya que perdió gran parte de su visión, la justicia se niega a aceptar su discapacidad y a otorgarle el beneficio de esperar el juicio en libertad.

"El caso de Luz viene de julio del 2018, a ella la detienen en la parada donde laburaba, dos meses después de que se comete el delito que se le pretende imputar. La llevan detenida, nadie entendía por qué la estaban llevando, creíamos que era algo contravencional y que estaba relacionado con su ser trabajadora sexual", explica a Filo.News Lucia Fuster Pravato, profesora del secundario travesti Mocha Celis y acompañanten junto a un equipo interdiciplinario de Luz en esta complicada situación. 

Dentro del colectivo, la comunidad trans es una de las minorías más vulneradas. De hecho, las personas trans tienen una espectativa de vida de tan solo 35 años, diferente al resto de la humanidad que ronda entre los 70 y los 80. 

Las personas trans son discriminadas y perseguidas no sólo por la sociedad sino también por las instituciones. Las fuerzas de seguridad generan, contrario a lo que deberían, miedo y violencia dentro de este colectivo que sufre incontables abusos sistemáticos por parte del Estado. 

En este contexto, Luz cae presa. Una noche, mientras trabajaba en una de las esquinas en las que está siempre, se acercaron dos hombres a pedirle sus servicios, los hombres le propusieron ir a un departamento. Ella accedió, entró al cuarto, realizó el servicio sexual y se retiró del lugar quince minutos después.

Pero a los dos meses, ese que había sido un servicio típico de un día más de trabajo, aseguran sus abogadas, se transformó en una pesadilla. Minutos antes de entrar al departamento, estos dos señores habían maniatado, golpeado y ultrajado a un hombre homosexual de 50 años que fue encontrado semi consciente tres días después, quien sobrevivió al ataque aunque gravemente herido.

Sin pruebas más que su presencia fortuita en el lugar, a Luz la acusan de intento de asesinato triplemente agravado. "Es un crimen de pena de muere en la vida de una travesti, teniendo en cuenta que tienen una expectativa tan corta", sostiene con angustia Lucia. 

"Ella tardó como dos meses en entender la magnitud del delito que se le quiere imputar. Al principio tenía defensa oficial pero ni siquiera le hablaban por su genero, le decian 'el trasvestido'. En ese momento intervenimos y se propuso de defensa particular a la abogada Luli Sanchez, que estuvo con el juicio de Diana (Sacayán) y Natalia Dalessandro que estuvo en la querella contra Lucas Carrasco y Lara Bertolini, teórica y activista travesti y traVajadora judicial. De ahí armamos una comisión de justicia donde estamos profes de la escuela, abogadas y un psicólogo", explica la profesora.

Luz, que pasó por la cárcel, desde abril de este año se encuentra con prisión preventiva y se aloja en el Hotel Gondolín que funciona de manera cooperativa. "Se logró la prisión domiciliaria porque después de insistir entendieron que perjudicaba a su salud y no había justificación. Ella tiene la visión nula de un ojo y ve muy poco del otro por un acto de violencia transforbica que sufrio siendo una niña, cuando tenia 13 años en Salta y empezaba a prostituirse. Luz nunca fue un sujeto de derecho para el Estado pero ahora sí es sujeto de impuación de un delito, es una locura", exprsa preocupada Lucía. 

"A los dos tipos esos nadie los busca. Le tiraron todo el fardo a Luz como si fuera autora intelectual de este acto violento. Lo que estamos tratando de presentar es que tanto el señor como Luz están siendo víctimas de un doble crimen de odio. A él lo cagaron a trompadas por marica y a ella le tiran la causa solo por ser trava. La fiscalia no investigó más, no propuso más hipótesis, no buscó más pruebas. Para ellos es Luz la culpable por ser travesti y estar en la escena del crímen", agrega.

El 20 de febrero comienza el juicio oral y tanto desde el secundario Mocha Celis y el Hotel Gondolín, como de distintas organizaciones sociales de Derechos Humanos, lanzaron una campaña para ayudar a Luz, "llevarle comida, ropa, mercaderia que necesite, recordemos que no le permiten siquiera salir de la pensión entonces no puede generar ingresos", informa Lucia. El hastag #AbsolucioParaLuz busca darle visbilidad al caso en las redes sociales.