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Salta: Detuvieron en Tartagal a una médica que garantizó el derecho a una ILE

Una profesional del Hospital Juan Domingo Perón fue detenida luego de realizar una ILE. Desde la Red Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta repudiaron el hecho y convocaron a un pañuelazo

Salta: Detuvieron en Tartagal a una médica que garantizó el derecho a una ILE

La Red Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la provincia de Salta denunció la persecución judicial y detención de una médica que trabaja en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal por garantizar un procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en dicha ciudad salteña.

Desde la Red repudiaron el pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de la profesional.

Desde la Red convocaron un pañuelazo frente al hospital público materno infantil de la ciudad de Salta para este viernes a las 12 horas exigiendo la liberación de la médica bajo la consigna "garantizar derechos no es delito".

La mujer sería la única que no es objetora de conciencia en dicha institución de salud, motivo por el cual intervino en la interrupción legal del embarazo de 22 semanas y dos días realizado a una joven de 21 años. 

La denuncia llegó de parte de los familiares de la chica, puntualmente de una tía, quienes acusaron que antes del procedimiento la joven habría manifestado que se había arrepentido de someterse a la intervención.

Desde la Red aseguran que la mujer procedió según "los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia Clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE".

En esa línea, afirmaron que la única persona con potestad de denunciar este tipo de delitos es la paciente y calificaron de "desopilante" que se solicite directamente la detención de la médica y no una investigación previa. A su vez, aclararon que no existe una denuncia penal en curso.

"Ningún juez dio lugar a las presentaciones de los familiares ya que por ser un supuesto delito de instancia privada es la supuesta damnificada quien tendría que haber radicado la denuncia. Por lo tanto, el fiscal y el abogado defensor no hacen más que fogonear a la opinión pública en contra de un procedimiento respaldado por la ley”, sostuvieron

En tanto, acusaron del fogoneo a "la prensa amarillista" y a "los sectores antiderechos" y a la consejala Claudia Subelza, empleada de la Secretaría de Niñez y Familia de Tartagal, quien difundió información falsa a la prensa y expuso los datos personales de la joven en cuestión.

A su vez, explicaron que el abogado patrocinante de los denunciantes, Andrés Rambert Ríos, es el mismo que “defiende al médico Marcelo Cornejo”, quien “se encuentra imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, siendo nuestra compañera la que lo denunció de oficio”.

Según el comunicado de la Red, "Cornejo continúa trabajando a pesar de la imputación en dicha causa y a pesar de que ese caso de abuso y otro más con el mismo modus operandi se expusieron en una carta administrativa a las autoridades correspondientes".

Sobre ese caso, especificaron que "en dicha causa cuatro profesionales del hospital, entre las que se encuentra la médica que ahora tiene pedido de detención, “dieron voz a las mujeres violentadas por el ginecólogo”.

"Reconocemos y abrazamos a nuestra compañera que desde su lugar de médica y desde el compromiso diario hace de la salud pública un medio para achicar brechas e incluir a les excluídes, siempre desde el derecho y con los mejores estándares en la calidad de atención. Hoy desde la Red gritamos: SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODES!", concluyeron.

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