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Mujer, negra, lesbiana, feminista, defensora de las minorías y disidencias, nacida en una favela y activista de derechos humanos. La memoria de Marielle Franco sigue viva a cuatro años de su asesinato, un crimen político aún sin esclarecer.

La concejala fue acribillada el 14 de marzo de 2018 junto a su conductor, Anderson Gomes, tras participar en un acto de mujeres negras en el centro de Río de Janeiro. Pese a la detención de dos acusados, para su familia y otros activistas de derechos humanos, el crimen político no tiene justicia.
Era militante del Partido Socialismo y Libertad y fue elegida concejala en la Cámara Municipal de la ciudad de Río de Janeiro. Ferviente crítica de la intervención federal en Río de Janeiro, el día 10 de marzo de 2018 había denunciado a policías del 41.º Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari. Un día antes de ser asesinada se preguntaba en la red social Twitter, en uno de sus últimos tuits, a propósito de la muerte de un joven (Matheus Melo): "¿Cuántos más deben morir para que acabe esta guerra?".
El quién y el por qué de su asesinato siguen sin ser resueltos, un atentado que su hermana Anielle califica como el “primer magnicidio femenino en la historia de Brasil”. Tenía sólo 38 años cuando la mataron. Las respuestas han sido pocas.
Marielle Franco, era socióloga, concejala y trabajaba por los derechos de los más necesitados, los de las mujeres y los jóvenes negros de las favelas, y también por los de la población LGTBIQ+.
Hasta el momento solo hay dos presos por el crimen: Ronnie Lessa, agente jubilado de la Policía Militarizada y acusado de disparar el arma que dio muerte a la concejala, y Elcio Vieira de Queiroz, un exagente expulsado por sus vínculos con criminales e inculpado de conducir el automóvil desde el que se realizó el asesinato.
Adriano Magalhaes da Nóbrega, un tercer sospechoso estaba siendo investigado por el caso y tuvo vínculos con la familia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. El conocido como "capitán Adriano", miembro de la Policía hasta 2014 y después convertido en pistolero a sueldo y jefe de las milicias en Río, fue galardonado en 2005 con la principal condecoración otorgada por la Asamblea Legislativa regional a petición de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del mandatario.
La pregunta "¿quién mandó a matarla?" sigue sin respuesta.

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