La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, imputó a los implicados en el viaje a Lago Escondido por la presunta comisión de acción pública.

Los implicados mencionados en el dictamen son Julián Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 10; Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro.9; Leonardo Bergroth, ex funcionario de la SIDE; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A..

La causa se inició el 24 de octubre, a partir de una denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien realizó la presentación judicial a partir de una nota publicada en el diario Página/12. El hecho, posteriormente, cobró mayor relevancia cuando se filtraron supuestos chats entre los involucrados.

Para la fiscal, según se desprende del dictamen, el viaje existió: "Fue posible determinar que el día 13 de octubre del corriente año se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials". 

"Todos ellos -agregó- retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía". En ese sentido, se constató que la empresa, conocida en plaza bajo el nombre de fantasía “Flyzar ” pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona. 

A su vez, la firma acompañó copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth, de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. "Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo", advirtió.

En su denuncia, además, el letrado planteó la hipótesis de que los implicados se reunieron en la propiedad del magnate Joe Lewis con el ex presidente Mauricio Macri. Esto fue descartado tras una serie de medidas.

"Así las cosas -sostuvo la fiscal-, si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara".

"A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas “al contado” e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa", agregó.

Por todo lo expuesto, Etchepare solicitó a la magistrada el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los involucrados y también de las compañías Hidden Lake S.A. y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., "a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente y si efectivamente fueron los investigados quienes efectuaron tales erogaciones (ley 11.683) o si se registran pagos anteriores por esos montos efectuados por terceras personas físicas o jurídicas".

Pidió, en tanto, se solicite a la AFIP-DGI "que tenga a bien analizar la autenticidad de las facturas presentadas en autos por las empresas mencionadas precedentemente. "Algunas de ellas, emitidas dos semanas después de que hubieran consumido los servicios allí consignados", señaló.

Además, le pidió a la jueza encomendar a la fuerza que ella considere correspondiente que tenga a bien analizar el material fílmico remitido por la PSA  "a fin de identificar debidamente allí a los pasajeros consignados enel formulario de declaración general del vuelo 26917, así como también a las demás personas que se observa que se reúnen con ellos y, en especial, a los tres individuos que acompañan a Nicolás Van Ditmar, a quienes en tal caso deberá convocarse a declarar".

Y por último, solicitó que se requiera a Aerolíneas Argentinas los datos de el o los vuelos de regreso en los que habrían retornado a Buenos Aires Casey y Rendo. "Dado a que no figuran en el vuelo privado de regreso cuya planilla aportará la P.S.A.", aclaró.

Esta mañana, además, el Gobierno denunció a los jueces federales, funcionarios porteños, al CEO del Grupo Clarín y a otros implicados en el vuelo a Lago Escondido por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas.