El Congreso rechazó el proyecto que envió la presidenta Dina Boluarte para adelantar las elecciones a diciembre de 2023 y acortar a abril de 2024 los mandatos de presidente y legisladores, mientras persisten las masivas protestas por la compleja situación socio-política, que generaron al menos una veintena de muertos. 

Aunque parecía que existía consenso al respecto, el Congreso no logró la mayoría calificada que exigía el adelanto de las elecciones, por tratarse de una reforma constitucional, y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titular del cuerpo, José Williams.

En medio de cruces y gritos afloraron las diferencias en torno a si se debía impulsar, en simultáneo al voto de presidente y nueva composición para el Congreso, una Asamblea Constituyente. Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la ley suprema para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor.

Una reforma constitucional como la que implica adelantar comicios exige una mayoría de 87 votos en dos periodos legislativos consecutivos o 66 votos y un referendo de ratificación. Para viabilizar la primera opción, Williams había extendido ayer el periodo ordinario hasta el 31 de enero, para abrir uno nuevo en febrero y encarar la segunda votación de la iniciativa ahora frustrada.

La sesión marca otra dificultad en el proceso abierto con la destitución de Castillo, el miércoles de la semana pasada, y la asunción en su lugar de la entonces vice Boluarte. El Congreso había escuchado ayer al ministro de Justicia, José Tello; y a los responsables de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que hicieran aportes técnicos sobre la viabilidad del adelanto.

El reclamo de elecciones lo antes posible es central en las protestas que dejaron ya casi una veintena de muertos y que no bajan ni el número de ciudadanos ni el grado de violencia. Incluso, tienen cinco aeropuertos cerrados, decenas de rutas bloqueadas y clases suspendidas en varios departamentos y rige un estado de emergencia que habilita el accionar de Fuerzas Militares en casos internos. Además, anoche el Gobierno central decretó el toque de queda en 16 provincias.

A su vez, mientras se realizaba la sesión parlamentaria hicieron pública sus renuncias dos integrantes del gabinete de Boluarte: la ministra de Educación, Patricia Correa; y el ministro de Cultura, Jair Pérez.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, señaló Correa en una carta.

"Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo. Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno", indicó Pérez.

Los dos se referían al accionar de militares y policías, a los que se acusa de la mayoría de las muertes que se registran desde el miércoles de la semana pasada y que hoy alcanzaron las 18, aunque medios y algunas instituciones suben a 20 o 22.

Asimismo, el expresidente Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde también se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori, para cumplir la prisión preventiva por 18 meses que ayer la justicia dispuso en su contra.

Desde que fue destituido, el 7 de este mes, Castillo estaba detenido de manera preliminar en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

El penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, es conocido como "la cárcel presidencial" porque ahí es donde Fujimori cumple una condena a 25 años de prisión.