El informe de ARCA detalló que los ingresos totales alcanzaron los $16,2 billones, con subas destacadas en IVA, Bienes Personales y Derechos de Exportación.
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"Sin acusación no hay proceso penal posible", sostuvo el juez Casanello en su resolución, después de que dos organismos estatales adhirieran a la solicitud del fiscal Marijuan.
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada "La ruta del dinero K", donde era investigada por supuesto lavado de activos, en un proceso donde resultó condenado el empresario Lázaro Báez.
La resolución del magistrado tiene lugar días después de que el fiscal Guillermo Marijuan solicitara el sobreseimiento de la ex presidenta. En su dictamen, el fiscal entendió que está probada la relación entre la vicepresidenta y el empresario, pero no así con la maniobra de lavado de activos.
"Sin acusación no hay proceso penal posible", sostuvo el juez en su resolución, luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adhirieran al pedido del fiscal.
Semanas atrás, el fiscal reconoció "la estrecha y directa relación personal" entre la titular del Senado y el condenado empresario. Incluso señaló que hubo al menos 372 contactos telefónicos entre la vicepresidenta y Báez en un período de poco más de dos años.
Pero advirtió que tras 10 años de investigación, no pudo probar que la ex presidenta fuera coautora o tuviera participación "en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero".
“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición”, explicó el magistrado.
"El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado", prosiguió, dando por cerrada la investigación.
El informe de ARCA detalló que los ingresos totales alcanzaron los $16,2 billones, con subas destacadas en IVA, Bienes Personales y Derechos de Exportación.
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