Joaquín de la Torre y su ahijado político, Jaime Méndez, gobiernan la comuna ubicada a sólo 25 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires desde 2007, pero a pesar de los altos impuestos y la cuantiosa asistencia de los gobierno nacional y provincial, convirtieron al territorio en uno de los más carenciados del conurbano en cuanto el acceso al agua potable, la red cloacal y el gas natural.

Así se desprende de diferentes informes privados y oficiales elaborados tras conocerse los datos definitivos del Censo 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

El partido de San Miguel está ubicado al noroeste del Gran Buenos Aires y limita con los distritos de Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingo, Moreno, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

Su población es de aproximadamente 350.000 habitantes y fue fundado en 1994, a partir de las reformas administrativas introducidas durante la gobernación de Eduardo Duhalde, tras la división del antiguo partido de General Sarmiento.

En su territorio se ubican los cuarteles de Campo de Mayo, que configuran la guarnición militar más grande del país, y en sus alrededores históricamente vivieron miles de efectivos y sus familias, que la transformaron en una zona acomodada económicamente.

En el desmembramiento de General Sarmiento, San Miguel se quedó con las zonas más pudientes y desarrolladas y siempre se especuló con que se trató de un gesto de Duhalde hacia el ex líder carapintada y luego dirigente político, Aldo Rico, quien aspiraba a gobernar esa región.

El Modin, partido creado por Rico, aportó en muchas oportunidades los votos necesarios para que el oficialismo pudiera imponer leyes en el parlamento bonaerense y esa actitud negociadora le permitió luego que el PJ realizara en 1997 una campaña electoral con “freno de mano”, lo que le permitió triunfar en los comicios locales y acceder al sillón municipal.

Años más tarde, el ex militar se integró al gabinete provincial y perdió predicamento en San Miguel, que en el 2007 quedó en manos del dirigente peronista Joaquín de la Torre.

Desde entonces, y tras pasar por el kirchnerismo, el massismo y el vidalismo, el ex intendente todavía se mantiene como el hombre fuerte del municipio, pese a que desde el 2016 la intendencia la ocupa formalmente su ahijado político, Jaime Méndez.

En tantos años de gobierno el retroceso en materia de infraestructura básica del distrito ha sido muy ostensible, a tal punto que en varios rubros se ubica por debajo de sus partidos vecinos, algunos de ellos con históricos problemas sociales y de pobreza.

Según la información relevada en el Censo 2022, menos de la mitad de la población de San Miguel tiene acceso a la red cloacal y con servicio de desagüe.

De acuerdo a los datos, esa cifra llega al 49,7 por ciento, muy por debajo del 56,1% de su vecino Hurlingham y muy atrás del 79,9 por ciento que por ejemplo tiene Morón, un partido creado para la misma época y con parecida densidad geográfica.

En el rubro “Conexión a la Red de Gas natural”, San Miguel llega al 64,2 por ciento, otra vez muy atrás de Hurlingham, que tiene el 78,3 por ciento, o el 81,1 por ciento de Ituzaingó.

Y en el ítem en el que peor le va al municipio de San Miguel es el de “Agua para Beber y Cocinar”, donde apenas trepa al 42,8 por ciento, otra vez atrás de Hurlingham que tiene el 45% y muy lejos del 96 y 72 por ciento de sus vecinos 3 de Febrero y Tigre, respectivamente.

La oposición local ha resaltado a lo largo de los últimos años que la gestión del tándem Méndez-De la Torre sólo sobrevive por la millonaria inversión en publicidad y marketing, y le cuestiona que las grandes obras en el municipio son las que realizan los gobiernos nacional y provincial.

El propio Horacio Rodríguez Larreta, recientemente en una recorrida realizada por la localidad de Bella Vista, se quejó del estado de las calles y veredas y del perjuicio que sufren por ello los comerciantes, lo que le valió la respuesta de Joaquín de la Torre, cercano a Patricia Bullrich, quien lo tildó de "inspector de veredas".

El Instituto de Estadísticas y Censos explica en el informe que para ser considerada adecuada, una vivienda debe cumplir una serie de condiciones asociadas a la calidad de las instalaciones sanitarias y la disponibilidad de servicios públicos, condición que deja a la mayoría de las viviendas de San Miguel fuera de esa categoría.