La decisión se produjo en medio del debate por los pedidos de interpelación impulsados por la oposición.

Manuel Adorni suspendió el informe de gestión que iba a presentar en el Senado
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El club elevó una presentación al tribunal sudamericano, que abrió un expediente y espera la respuesta de la institución brasileña.

A dos semanas de la final de la Copa Libertadores 2023, en la que Fluminense se consagró campeón del continente por primera vez con su triunfo por 2 a 1 en tiempo reglamentario, la dirigencia de Boca Juniors presentó una denuncia ante la Conmebol por los incidentes previos y el maltrato que recibieron los fanáticos xeneizes.
Un poco más lejos ya del lúgubre amargor que atravesó a los fanáticos aquel sábado 4 de noviembre cuando John Kennedy le negó la séptima, el recuerdo de los días en Río de Janeiro prevalece ante toda sensación. Junto con la euforia de los hinchas xeneizes que colmaron las playas, la represión de la policía brasileña, que también permitió los ataques de los hinchas del equipo local, sentó un oscuro precedente para el fútbol sudamericano.
Respecto a aquel lamentable episodio que opacó por momentos la alegría de los fanáticos, Boca presentó una denuncia que anexó los distintos focos de conflicto, pero se centró en la represión del jueves 2 de noviembre, cuando una rama de la hinchada del "Flu" atacó a familias que estaban disfrutando del día en las playas.
A partir de la recopilación de distintos archivos de video, imágenes y demás, el Departamento de Legales envió el documento en el que el Fluminense fue acusado de nueve violaciones al Código Disciplinario de la Conmebol. Resta esperar la respuesta del club brasileño, que tiene tiempo hasta las 18:00 horas del martes 21 de diciembre.
Las penas pueden ser distintas según la resolución que tome el tribunal de la Conmebol, y varían entre amonestación, reprensión, multa de tránsito, devolución de premios, retirada del título, y realizar servicios comunitarios a través del fútbol, según el Código.

La decisión se produjo en medio del debate por los pedidos de interpelación impulsados por la oposición.
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Las abogadas que representan a la mayoría de los familiares pidieron cinco años de prisión efectiva e inhabilitación para los ex oficiales de la Armada por el hundimiento del submarino en 2017.
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La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.
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El ex funcionario recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua. El fallo también alcanzó a dos exintegrantes del área energética.
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La sesión especial impulsada por la oposición no pudo comenzar por falta de legisladores. Los expedientes serán analizados la próxima semana en comisión.
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Está acusado de presunto lavado de dinero en una causa vinculada a la compra de un vehículo de alta gama. La investigación también involucra al ex director de Control y Fiscalización de la VTV.
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