El megaproyecto de ley ómnibus enviado por el Ejecutivo al Congreso fue rechazado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) porque "pretende desactivar procedimientos clave y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia". Además, el think tank advirtió al Parlamento: "Tiene la responsabilidad de no convalidar" la propuesta.

"En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal", expresó el organismo de derechos humanos.

El Cels advirtió que tras la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, el gobierno "volvió con una arremetida legislativa al enviar un proyecto con propuestas de reformas distribuidas en 664 artículos".

El megaproyecto que presentó Milei, "avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con la emergencia económica" y alertó que la medida no busca "sólo un cambio de régimen económico sino también de régimen político", al pretender "gobernar y legislar sin el Congreso".

En ese sentido, apuntó contra el pedido de delegación de facultades legislativas extraordinarias por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato, que ahora el Ejecutivo dejó trascender que se podría reducir la emergencia a un año.

A su vez, hizo incapié en que la ley "duplica" el volumen de los 366 artículos que contenía el DNU y reclamó que "ambas medidas suponen una desprotección de las personas en los aspectos más básicos: la posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar su salud".

Dentro de los primeros días de debate en el Congreso, algunos diputados preguntaron a los ministros el motivo por el cual no se extendía la emergencia a la "situación alimentaria y de vivienda".

Sobre la propuesta de privatizar las empresas públicas, el organismo cuestionó que "no dejan ninguna garantía de que el Estado ejercerá un control adecuado para asegurarse que, una vez en manos privadas, estas empresas prestarán un servicio público de calidad y de forma asequible".

En cuanto a la reforma penal para que "los integrantes de las fuerzas de seguridad no rindan cuentas por sus acciones", advirtió que ese tipo de modificación "no impacta en la reducción del delito, pero sí en el aumento de la violencia".

Finalmente, respecto de la protesta social, remarcó que el proyecto define "manifestación a la reunión de más de tres personas en el espacio público" y así ese artículo se pueda aplicar "en un sinfín de reuniones y encuentros" para originar, dijo, "una suerte de estado de sitio permanente sin que haya sido declarado".