A través de una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich junto al ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron el envío al Congreso de un paquete de proyectos para combatir la delincuencia y el narcoterrorismo, en particular de la ciudad de Rosario. 

El paquete de medidas modificará la "Ley de Seguridad Interior" y fueron adoptadas a raíz de la "crítica situación en Rosario", por lo que el Poder Ejecutivo avanzó en el envío de fuerzas federales.

La aprobación del paquete, indicaron voceros gubernamentales, permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras iniciativas.

En esa línea, Petri aseguró que ante la detección de actos terroristas, el presidente Javier Milei los instruyó para "actuar con total fuerza del Estado" y realizar tareas coordinadas que involucre a todos los poderes. El accionar implica la modificación de la Ley de Seguridad Interior para "permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo".

"Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior", amplió además.

El titular de Defensa aclaró que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir "si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar". "No es para delitos comunes", aclaró.

Según precisaron los ministros, la intención es avanzar en la modificación del Código Penal, por eso, se enviarán tres leyes autónomas caracterizadas como "necesarias", además de Seguridad Interior: la Ley Antimafias, la de Reiterancia y la modificación en el registro de ADN.

Por su parte, Bullrich dijo: "Vamos a enviar al congreso la llamada Ley Antimafia, esto tiene el orígen en Italia y en Estados Unidos, y en el Salvador. El hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan en una organización y cometen delitos de narcotráficos, homicidios, sicariato, extorsiones, pornografía infantil, lesiones, privación de la libertad, terrorismo, incendios. Esta organización criminal significa que tiene una zona de nuestro país donde no rige la ley nacional sino una "ley narco". Esto estamos viviendo en determinados lugares de nuestro país".

"La pena no será individual, sino por pertenecer a esta organización mafiosa", sentenció la ministra. En la misma sintonía, planteó la necesidad de implementar modificaciones en el registro de ADN para ampliarla a los delincuentes a los que se los impute. "Hoy en la Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales, pero cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación", sostuvo.

Por último, se modificará la Ley de Legítima Defensa: "Para eso hemos plantado un artículo 34, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas aquellos que comenzaron el hecho delictual".

A través de la incorporación de elementos a evaluar, también se contemplará "el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende", y concluyó: "Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes, y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber".