Se presentó en la Justicia una denuncia contra el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, por presunta "apología del delito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" por sus posturas sobre el golpe de Estado de 1976 y el terrorismo de estado durante la última dictadura militar.

La presentación judicial fue realizada por el abogado de derechos humanos y ambientalista, Javier Garín, y alcanza además al ex jefe de la SIDE Juan Bautista "Tata" Yofre, quien participó del video que publicó la Casa Rosada el 24 de marzo pasado, en el marco del Día de la Memoria.

El documental hace foco en las víctimas civiles de los atentados previos al golpe de Estado del 76 y cuestiona el número de desaparecidos. Cuenta además con el testimonio del ex guerrillero de montoneros, Luis Labraña, quien dijo haber "inventado" la cifra de 30.000 desaparecidos; del exjefe de la SIDE en el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, y de la hija del capitán Humberto Viola, María Fernanda Viola.

Sin mencionarlo directamente, dirigentes políticos de distintos espacios repudiaron la pieza audiovisual que elaboró el Gobierno.

Según sostuvo Garín en el escrito, los denunciados “podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".

"Es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994", dice la presentación.

La denuncia, registrada con el número CFP 1091/2024, recayó en el juzgado federal a cargo de la jueza María Servini.

La denuncia subrayó que “si bien Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el Presidente y la vice”.

Así, cuestionó “la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de ‘guerra’ como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo 'excesos' y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad".