En Córdoba, el fiscal Guillermo González ordenó la detención de Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, junto a otros cuatro uniformados y dos civiles, entre ellos su hermano abogado. La acusación principal es la formación de una asociación ilícita que operaba por fuera de las funciones policiales.

Según la investigación, la presunta banda utilizaba datos reservados del sistema policial (antecedentes y prontuarios) para extorsionar y coaccionar a personas involucradas en desalojos o pleitos inmobiliarios. Alteraban procesos judiciales a cambio de porcentajes de hasta el 30% del valor de los inmuebles.

La imputación incluye delitos como peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión, según explicó el fiscal. Además de Roldán, fueron detenidos el jefe de Asesoría Legal policial, dos comisarios inspectores, un suboficial y un civil con funciones de asesor jurídico.

El operativo de arresto incluyó once allanamientos en viviendas particulares, estudios jurídicos y oficinas de la Jefatura, en localidades como Unquillo, La Calera, Cosquín y la capital cordobesa. Se secuestraron computadoras, teléfonos, documentación, armas y dinero en efectivo. El escándalo generó repercusión política local. 

El diputado Rodrigo De Loredo acusó al peronismo provincial de haber “degradado a Córdoba” con presos en altos cargos de seguridad e instó a esclarecer responsabilidades políticas por el presunto uso ilegítimo de poder en la fuerza Caminera.