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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se refirió a la militarización de ministerios y organismos públicos por parte del Gobierno nacional ante las protestas de trabajadores despedidos y calificó que eso "es un signo de debilidad".
"La Policía no está para estar confrontando con los trabajadores que van a cumplir sus tareas: es un signo de debilidad del Gobierno, que no sabe, no tiene capacidad de sentarse en una mesa y dar la cara y explicar por qué tomó esa decisión", sostuvo el funcionario provincial.
En declaraciones radiales, el dirigente peronista señaló que uno de los principales sectores afectados por las cesantías fue la Secretaría de Trabajo y advirtió: "El trabajo en negro no se va a resolver echando a los empleados de Trabajo que tenían que controlar el empleo no registrado".
Por último, sentenció: "Siempre hay cosas para mejorar, pero no se hace rompiendo todo, reventando todo y dejando a la gente en la calle".
Esta mañana, trabajadores estatales desvinculados en los últimos días intentaron ingresar a sus puestos de trabajo en el ex INADI, cuyo cierre comunicó el Gobierno hace algunas semanas, y en la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.
En la puerta de los edificios los dirigentes gremiales y los empleados se toparon el fuerte operativo de seguridad que dispusieron en conjunto el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires para impedirles el ingreso.
"Están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir", denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza del gremio estatal se da luego de que el pasado fin de semana largo de Semana Santa cayeran -según datos oficiales- 15.000 contratos de trabajadores estatales como parte del plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei. Además, otros 55.000 contratos seguirán en revisión durante los próximos tres meses.
Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni: "El número final de contratos que no se han renovado ronda los 15.000. Es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y que personal que no es necesario, no siga cobrando un ingreso del Estado".
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