El Gobierno desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) que fue creado en 2017 con el objetivo de reducir la problemática en 12 provincias, entre ellas, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires, por ser las jurisdicciones con indicadores más altos de embarazo en adolescentes.

En el furor de reducir la planta del Estado, el Gobierno no renovó los contratos de unos 700 trabajadores que tenía el programa en todo el país: 100 en Nación y el resto distribuidos en 12 provincias donde se aplicó el plan.

"Esto es parte del desarmado que queremos hacer con este Estado empobrecedor, al que se ha llamado Estado presente, para el que se han elegido eslóganes como 'el Estado te cuida', que lo único que hizo fue empobrecer a la gente y favorecer a amigos de los funcionarios de turno", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al informar recortes por 140.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud, que conduce Mario Russo.

El objetivo del plan fue educar acerca de la salud sexual en escuelas secundarias y espacios comunitarios, garantizar la ILE/IVE en centros de salud y brindar acceso a métodos anticonceptivos.

El ex gerente territorial del Plan en La Rioja, Nahuel Carrizo, dijo en declaraciones a radio El Destape que desde 2018 se redujeron un 50% los embarazos no intencionales.

"Demostró ser efectivo, al potenciar el descenso del embarazo en adolescentes y mejorar el acceso de esa franja etaria al sistema de salud no solo en casos de abuso sexual y embarazos forzados. Era un ejemplo para la región", lamentó Fernando Zingman, exjefe del Área Salud de Unicef Argentina, en diálogo con Página/12.

El programa se aplicó en Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy.