En el comienzo de la semana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, que introduce cambios significativos en varios aspectos del marco laboral.

Entre las modificaciones, aparece la extensión del período de prueba, que será de seis meses como principio general. Este plazo se incrementa a ocho meses para empresas con entre seis y cien trabajadores, y a un año para empresas con hasta cinco empleados. Durante este período de prueba, el contrato exime al empleador de pagar preaviso, integración del mes de preaviso e indemnización por antigüedad.

También establece beneficios para empleadores que regularicen a trabajadores no registrados o mal registrados, como la extinción de la acción penal, condonación de infracciones y sanciones, y la baja en el Registro de Sanciones Laborales (REPSAL). Además, los trabajadores regularizados podrán computar hasta 60 meses de aportes previsionales, aunque hayan trabajado más tiempo en forma informal.

En cuanto a la definición de la relación de dependencia, se excluyen expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) los contratos de obra, servicios y agencia, que serán regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y se contempla la figura de trabajadores independientes con colaboradores, permitiendo que un autónomo o monotributista emplee hasta tres colaboradores bajo el régimen de monotributo.

La reforma establece como justa causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos, y en huelgas que afecten la libertad de trabajo o causen daños. A su vez, se incrementa entre un 50% y un 100% la indemnización por antigüedad en casos de despido discriminatorio, eliminando la posibilidad de reinstalación.

Por último, se introduce la creación de un fondo de cese laboral, sujeto a negociación colectiva, que sustituirá la indemnización por antigüedad. Este fondo podrá ser gestionado por sistemas privados o autoasegurado por las empresas.