La semana comenzó con fuertes complicaciones en el servicio ferroviario urbano debido a demoras y cancelaciones que son atribuidas a una medida de "trabajo a reglamento", que fue implementada por el gremio La Fraternidad, que solicita "mayores medidas de seguridad".

De esta manera, se instruyó a los conductores a limitar la velocidad de los trenes a un máximo de 30 kilómetros por hora, lo que generó retrasos y la superposición de horarios, especialmente en horas pico, provocando cancelaciones.  

Según folletos distribuidos en estaciones ferroviarias, La Fraternidad manifestó que atraviesan una "emergencia ferroviaria" y que el sistema está en "una de las peores crisis". Además, exigen reparaciones, repuestos, mejoras en las vías, actualización de los sistemas de comunicación y señales, y mayor seguridad.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional calificaron la medida como "extorsiva" y sostuvieron que responde a una intención de obtener "un aumento salarial superior al que se firmó con el resto de los sindicatos ferroviarios". Fuentes oficiales señalaron que "no tomaron la decisión de ir a un paro, pero reducen la velocidad de los trenes, que es lo que más afecta a la gente, bajo el argumento de que el sistema ferroviario está en emergencia".  

En relación con la emergencia ferroviaria, las fuentes destacaron que en mayo se aprobó un presupuesto complementario de 1,3 billones de pesos para atender esta situación, y atribuyeron el "estado calamitoso" del sistema a una falta de inversiones históricas, agravadas por gestiones que priorizaron "obras para propaganda política".