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El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la elevación a juicio oral del dirigente del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades con el programa "Potenciar Trabajo". El requerimiento se basa en la acusación de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión".
El pedido fue formulado en respuesta a una decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien consideró concluida una parte de la investigación y otorgó vista a las partes para que manifestaran su postura sobre la elevación del caso a juicio.
Según el dictamen de Pollicita, Belliboni habría montado un sistema para "controlar y manejar a miles de personas a lo largo y ancho del país". La fiscalía definió el accionar como parte de "una organización criminal" que tenía como finalidad "obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder". También se mencionó que los acusados "abusaron de la vulnerabilidad de quienes necesitaban los planes sociales para torcer su voluntad bajo amenazas e intimidaciones", lo que incluía la posibilidad de privarlos de "un plato de comida o de su único medio de subsistencia".
La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por el Gobierno de Javier Milei, tras recibir llamados anónimos que alertaban sobre presiones ejercidas para asistir a movilizaciones y piquetes. El dictamen de más de 279 páginas sostiene que, además de apropiarse de fondos destinados a beneficiarios de planes sociales, se habrían simulado gastos mediante facturación apócrifa.
Además de Belliboni, Casanello procesó a otros 16 imputados en decisiones que ya fueron confirmadas por la Cámara Federal porteña. En paralelo, continúa la investigación sobre el rol que pudieron haber desempeñado funcionarios nacionales.
La fiscalía indicó que se aplicó "una matriz delictiva" que también "les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir". Según el requerimiento, los hechos investigados ocurrieron entre junio de 2020 y marzo de 2024. Asimismo, la fiscalía sostuvo que "los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero".
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