Tras un intenso debate en la Cámara de Diputados que mostró cruces entre diputados opositores y hasta algunos oficialistas con el presidente del recinto, Martín Menem, el Gobierno logró la aprobación del DNU 179/25, que era uno de sus principales objetivos para ir en busca de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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De esta manera, con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal, Producción y Trabajo y la mitad de Encuentro Federal la iniciativa obtuvo 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones.

Los votos en contra, en su mayoría, fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, el espacio que responde a Facundo Manes, y un sector de Encuentro Federal. Y, finalmente, las abstenciones provinieron de los diputados Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Emilio Monzó y Florencio Randazzo, todos de Encuentro Federal. Lo mismo hicieron la ex LLA Lourdes Arrieta y el radical Martín Tetaz.

Con la aprobación del proyecto, que el Gobierno de Milei impulsó para evitar su paso por el Senado debido a que tiene dificultades para reunir los votos necesarios, se autoriza la firma de operaciones de crédito público bajo el Programa de Facilidades Extendidas, con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de cuatro años y medio.

Aunque los detalles aún no han sido revelados, se espera que parte de los fondos del FMI se destinen a cancelar las letras intransferibles en dólares que tiene el Banco Central y a cubrir las operaciones de crédito público del Programa de Facilidades Extendidas de 2022, cuyo vencimiento ocurra dentro de los próximos cuatro años a partir de la firma del acuerdo.

Vale destacar que la votación se dio en un contexto en el que, como cada miércoles, una multitud de personas se reúne frente al Congreso de la Nación para sumarse al reclamo de los jubilados y expresar su descontento con las políticas libertarias. De hecho, ante los reiterados hechos de violencia por parte de la policía, hinchas de diversos clubes, que fueron catalogados como barras bravas por la gestión de Bullrich en seguridad, la semana pasada tuvo lugar una fuerte represión que culminó con 45 heridos y 120 detenidos, entre ellos el reportero gráfico Pablo Grillo, quien fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por las autoridades policiales.

Ante esto, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, lanzó una contundente advertencia a quienes se movilizaron en trenes entre La Plata, el conurbano y CABA, dejando en claro que "la policía va a reprimir todo atentado contra la República". La ministra Patricia Bullrich ratificó esta postura en redes sociales con el mensaje: "Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán".