Presos de la cárcel de Devoto realizaron un motín por segunda noche consecutiva como forma de protesta contra la decisión del Ministerio de Seguridad Nacional de prohibir los centros universitarios en las cárceles.

La protesta comenzó el martes por la noche, cuando internos del establecimiento de máxima seguridad quemaron colchones y sábanas contra la resolución de Patricia Bullrich que prohíbe la creación de centros de estudiantes en los centros universitarios de la cárcel e impide que los detenidos estén en espacios educativos por fuera del horario de clase.

"(La ministra) parte de una premisa falsa porque dice que al pasar mucho tiempo educándose, se resocializan menos (...) No existen puestos de trabajo remunerados suficientes para las personas privadas de la libertad. Si no están estudiando, no van a hacer otra cosa que estar en el pabellón", dijo Miguel, interno de la cárcel de Devoto que estudia en el Centro Universitario Devoto (CUD). "Es una contradicción muy importante: pretenden atacar la ociosidad generando más ociosidad".

A través de la Resolución 372/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso "no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del servicio penitenciario federal". También definió "no permitir la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos".

El área que conduce Patricia Bullrich señaló que bajo el argumento de que están cumpliendo tareas vinculadas a su rol en el Centro de Estudiantes, los reclusos pasan jornadas enteras en los centros educativos, incluso fuera del horario en que cada uno debe asistir a cursar las materias asignadas. 

Esto, consideró el Ministerio de Seguridad Nacional, "impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos, se orientan a compensar los recursos invertidos por el Estado Nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo".

La Procuración Penitenciaria de la Nación, junto a la Comisión de Cárceles -que funciona en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa- y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) presentaron una acción de amparo para que se revoque la medida.

"A través de una resolución ministerial, se pretende modificar una ley y coartar un derecho constitucional. Entienden el derecho a la educación como el acto de ir a clases, y el derecho a la educación no es sólo eso", indicó Miguel.

El interno de Devoto también advirtió que estadísticas de la UBA señalan que la tasa de reincidencia entre las personas que atravesaron el programa es del 3%, más baja que en cualquier otro programa penitenciario.

"A los fines de fomentar la seguridad, no hay mejor medida que educar a una persona", sostuvo. Y planteó: ¿Cómo se resociabiliza una persona? ¿Educándose o baldeando un pabellón?".