El Gobierno nacional dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de estar autorizada para ser querellante en casos de corrupción y lavado de activos.

La decisión fue tomada mediante el decreto 274/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, en el que quedó establecido que el organismo ya no podrá participar como parte actuante en estos procesos judiciales.

"La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento", señala la norma. Y agrega: "La prescripción de la acción prevista en el artículo 24 bis de la presente ley quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen y por el plazo de cumplimiento fijado. Si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado".

Por otro lado, la norma le otorga a la UIF la facultad de intercambiar información con otros organismos cuando considere "que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Si bien la UIF ya contaba con la posibilidad de manejar información, ahora también tendrá la opción de ser utilizada para "su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Además, el decreto cambia la ley de inteligencia con relación a las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.