El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa del proceso de privatización de rutas con la apertura de audiencias públicas que se desarrollarán entre el 11 y el 13 de junio. La iniciativa involucra más de 4.400 kilómetros de trazas que actualmente están bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A. y que ahora serán integradas a la Red Federal de Concesiones (RFC), como parte de un nuevo esquema de operación y mantenimiento de la red vial nacional.

Mediante la Resolución 827/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad formalizó la convocatoria y explicó que el proceso tiene como finalidad “promover una mayor competencia, generar mayor transparencia y confianza y lograr mejores resultados para los usuarios”. Los tramos incluidos en esta fase abarcan ocho segmentos distribuidos en el centro del país, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa. Entre ellos se encuentran las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná, en torno a Rosario.

Las audiencias estarán abiertas a toda persona interesada y requieren inscripción previa a través de un formulario habilitado en la página oficial de Vialidad Nacional, disponible desde este lunes y hasta el 9 de junio. El cronograma comenzará el miércoles 11 en el Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal, en San Miguel del Monte, donde se abordarán los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur. El jueves 12 continuará en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín, en Junín, con los tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano. El viernes 13 será el turno de los tramos Portuario Sur y Portuario Norte, en el Auditorio Municipal Rafael de Aguiar, en San Nicolás de los Arroyos.

Según expresaron desde el Ejecutivo, “el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional”. También señalaron que el nuevo esquema no implicará erogaciones estatales, ya que “no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.

La autoridad encargada de la fiscalización del proceso será Vialidad Nacional, organismo que, según informó el Gobierno, será responsable de “supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial”. Además, remarcaron que el objetivo general del programa es “reforzar el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país”.