La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por las defensas de los imputados en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, y con esa decisión dejó firmes las condenas dictadas contra Lázaro Báez y otros 21 acusados por maniobras de lavado de activos cometidas entre 2010 y 2013.

El empresario recibió una pena de diez años de prisión por haber sido considerado responsable del lavado de más de 55 millones de dólares mediante una red de operaciones en el país y en el exterior. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°4, que juzgó el caso entre 2018 y 2021. La investigación había comenzado en 2013 tras un informe periodístico, y se potenció en 2016 con la difusión de un video donde se observaba a su hijo contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

El fallo del máximo tribunal fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti junto a los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González. La resolución se dictó con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite declarar inadmisibles los recursos sin necesidad de fundamentación. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y consideró que debía intervenir la Procuración General de la Nación.

Además de la condena principal, el tribunal ratificó las penas impuestas a otros imputados. Entre ellos, Martín Báez, hijo del empresario, fue sentenciado a seis años y medio de prisión; Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, ambos a seis años; Julio Mendoza a cinco; y Leonardo Fariña, quien actuó como arrepentido, recibió tres años y medio. En total, 22 personas fueron condenadas, mientras que las hijas de Báez fueron absueltas por falta de pruebas que vincularan su participación directa en los hechos investigados.

La sentencia también incluye multas económicas que, en algunos casos, superan los 300 millones de dólares, así como el decomiso de bienes y activos valuados en unos 65 millones. El Tribunal Oral deberá ahora definir la situación procesal de cada condenado: computar el tiempo ya cumplido de detención, establecer si hay penas en suspenso o si aún restan arrestos por concretar.

El expediente judicial determinó que las operaciones de lavado estaban precedidas por maniobras de evasión fiscal, uso de facturas apócrifas y el desvío de fondos provenientes de contratos adjudicados a la empresa Austral Construcciones, principal firma del empresario patagónico y señalada por su vínculo con el gobierno nacional de entonces.

En cuanto a la situación procesal de Cristina Kirchner en este caso, la causa continúa en etapa de instrucción. Aunque había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello, la Cámara Federal revirtió esa decisión luego de habilitar la participación de una ONG como querellante. La Corte también rechazó los planteos de su defensa, al considerar que no cumplían con los requisitos formales para su tratamiento.