Distintas querellas solicitaron al juez federal Ariel Lijo que intervenga para frenar los avances del Gobierno sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA, en Buenos Aires, que funcionó en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada.

En menos de diez días, el Ejecutivo degradó el museo, que fue reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, destituyó a su directora ejecutiva y ordenó reestructurar su vínculo con la Secretaría de Derechos Humanos, pasando de órgano desconcentrado a unidad del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Según las querellas, estos cambios forman parte de una estrategia más amplia de vaciamiento, con recortes presupuestarios y de personal. En ese contexto, el juez Lijo ya había dispuesto en enero que se garantizara el personal necesario para mantener el museo abierto y operativo; sin embargo, advirtieron que esa orden fue incumplida.

Además, el Gobierno dispuso otorgar uno de los edificios del predio a la fiscalía federal como sede de los nuevos fiscales del sistema acusatorio. Los querellantes solicitaron al juez que impida dicha cesión hasta que se garantice la función educativa y de memoria del sitio.

De prosperar estos planteos, el Poder Judicial podría dictar medidas cautelares para preservar el Museo ESMA como espacio conmemorativo de los crímenes de la dictadura. Todo en medio de una disputa sobre la memoria histórica y el rol de los sitios de memoria en la Argentina actual.