En los últimos días, el Gobierno dispuso una fuerte reestructuración de la Secretaría de Derechos Humanos: la degradó a subsecretaría y despidió a gran parte del equipo técnico, abogados, peritos e investigadores, que trabajaba en querellas por crímenes de lesa humanidad

La decisión, impulsada por el funcionario Alberto Baños, implica que el Estado nacional ya no cuenta con personal capacitado para intervenir activamente en múltiples causas judiciales por violaciones a los derechos humanos. El propio Baños admitió desconocer cuántas causas estaban en curso ni en qué tribunales se tramitaban.

El vaciamiento ha avanzado por etapas: primero llegaron los despidos. Después, sin representación oficial, el Gobierno inició gestiones ante los tribunales para que se suspendan o arquiven los procesos en los que previamente participaba la Secretaría.

Expertos y organismos de derechos humanos advierten que esta estrategia pone en riesgo el avance de los juicios, debilitando el papel testimonial del Estado. Sin querellantes estatales, se reduce la presión sobre las causas y se abre una brecha en el seguimiento de casos históricos.

La maniobra judicial incluye ahora la solicitud de suspender procesos en los que intervenía el área.