En una cumbre histórica en la sede del Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores coordinaron un proyecto de ley que busca coparticipar recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos actualmente administrados de manera discrecional por la Nación. 

La iniciativa, apoyada por 24 jurisdicciones, representa un reclamo conjunto por alrededor de $1 billón. El principal objetivo es eliminar los fondos fiduciarios derivados del ICL, distribuyendo esos recursos según la coparticipación vigente. Actualmente las provincias reciben un 26% frente al 36% que retiene Nación. Esto según estimaciones, generaría unos $1,8 billones adicionales por año para las provincias.

Además, apuntan a que los ATN se repartan también bajo los criterios constitucionales, con impacto directo en salud, educación, rutas y seguridad.

El acuerdo llega en un contexto de tensión abierta: el Ejecutivo nacional amenaza con vetar el proyecto para proteger el equilibrio fiscal, mientras los mandatarios aseguran que cuentan con mayoría legislativa para aprobarlo pese al veto presidencial. Con gestiones intensas y unificadas, advierten que están dispuestos a escalar su reclamo y resistir cualquier intento de bloque.

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, las provincias sufrieron una pérdida de más de $15 billones por coparticipación decreciente, lo que ha impactado directamente en sus presupuestos. Los gobernadores advierten que esa caída en ingresos automatizados y discrecionales amenaza la continuidad de obras públicas y el pago de salarios, y exigen una audiencia con Milei para renegociar el pacto fiscal nacional.