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El ex presidente está procesado por lesiones en un contexto de violencia de género. La querella y la defensa ya fueron notificadas y se aguarda la definición del tribunal que llevará adelante el debate.
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El fiscal federal Ramiro González dio por concluida la investigación preliminar en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, y comenzó los pasos procesales para elevar el caso a juicio oral. En su dictamen, señaló que se cumplieron todas las medidas de prueba necesarias para definir la situación procesal y notificó tanto a la defensa como a la querella para que se expidan antes del sorteo del tribunal.
“Se han materializado todas aquellas [medidas] pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado”, sostuvo González, según consta en el documento al que accedió Noticias Argentinas.
Durante la etapa de instrucción, el Ministerio Público Fiscal indicó que se produjeron elementos suficientes para evaluar la hipótesis delictiva planteada por la denunciante, Fabiola Yañez, y que tanto la querella como la defensa pudieron proponer y desarrollar diligencias de prueba. El fiscal remarcó que no se habilitaron aquellas medidas consideradas inconducentes o que podían realizarse en una etapa posterior del proceso. También explicó que se evitó autorizar procedimientos que pudieran implicar una revictimización.
“La metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en las que se produjeron” fueron consideradas a la hora de delimitar el alcance de la prueba, indicó la fiscalía.
Alberto Fernández está procesado por el delito de lesiones en un contexto de violencia de género, acusado de haber ejercido violencia física y psicológica contra Yañez entre 2016 y agosto de 2024. La causa, en la que también se dispuso un embargo de diez millones de pesos, describe una relación marcada por una “asimetría de poder” entre ambos. Una vez que las partes sean notificadas, el expediente quedará en condiciones de ser sorteado entre los tribunales orales para la próxima etapa del proceso.

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