A través del Decreto 697/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional disolvió el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y repartió sus funciones entre dos organismos públicos. Bajo este nuevo esquema, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud asumirán las tareas de control, fiscalización y fijación de políticas alimentarias en el país. La medida incluye además una reforma en el Código Alimentario Argentino, que fija por primera vez un plazo máximo de 45 días hábiles para su actualización.

Con la reestructuración, el SENASA absorbe todas las tareas de registro, inspección y control que antes realizaba el INAL sobre los alimentos y los establecimientos productores. La elección de este organismo responde a que ya cuenta con una infraestructura de laboratorios e inspectores desplegada en todo el territorio nacional. A partir de ahora, la entidad también centralizará el registro de las importaciones para evitar la duplicación de trámites y agilizar las habilitaciones en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Salud se quedará a cargo de definir las políticas sanitarias sobre la alimentación y evaluar la evidencia científica sobre la composición de los productos. Mientras el SENASA se ocupa de vigilar que se cumplan las normas vigentes, la cartera sanitaria fijará las pautas que deben cumplir las empresas. La primera meta concreta de esta área será avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes en los alimentos procesados para alinearse con los estándares internacionales.

La normativa busca simplificar la burocracia tanto para la producción nacional como para el comercio exterior. El nuevo sistema reconoce de forma directa las certificaciones de aditivos e ingredientes emitidas por países que aplican el Código Alimentario internacional (Codex Alimentarius) o que tienen sistemas equivalentes. Además, se crea una Base Única de Datos administrada por el SENASA y se aceleran las importaciones de alimentos envasados mediante controles posteriores a su ingreso al país.

En el plano territorial, el gobierno impulsará convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para unificar registros, aranceles y sanciones en todo el país. El SENASA supervisará los establecimientos provinciales y se creará una identificación única para la comercialización interna. De esta manera, la nueva estructura busca consolidar un esquema de control más simple y rápido, separando la fiscalización técnica en la calle de la formulación de las políticas de salud pública.