La jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, define este lunes si acepta el pedido de la Argentina de suspender la sentencia que obliga a la República a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos que iniciaron la demanda por la expropiación irregular de la compañía.

La presentación sobre la que debe resolver Preska fue realizada por Argentina la semana pasada, según informó el analista Sebastián Maril, experto en los litigios que nuestro país enfrenta en el exterior.

"La República Argentina anticipa que la Juez Preska posiblemente el lunes autorice la suspensión de su sentencia para que el país pueda apelar sin arriesgar acciones legales adicionales, pero entiende que dicha suspensión puede venir acompañada con "condiciones" como depositar una garantía o similar", dice una nota firmada por Robert Joseph Giuffra Jr., co-titular del estudio Sullivan & Cromwell y representante legal de la Argentina en este caso. "De ocurrir esto -agregó Maril-, sugiere que todas las partes en tres de las cuatro apelaciones paralelas, se reúnan el martes 15 para discutir los próximos pasos".

La Argentina sostiene que la sentencia de Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones clase D de YPF a los fondos Burford y Eton Park -que compraron el derecho a litigar contra el Estado por la expropiación irregular de la petrolera, ocurrida en 2012, bajo la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, "es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana".

En la presentación, los representantes legales de nuestro país argumentaron que conceder la suspensión es “crucial”. También señalaron que la República tiene altas probabilidades de éxito en la apelación; Sufrirá un perjuicio irreparable si no se concede la suspensión; los demandantes no sufrirán perjuicio por la suspensión y el interés público apoya la suspensión.

La jueza Preska ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago por la expropiación irregular de la petrolera, ocurrida en 2012. Por aquella medida, que lideraron la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador -entonces viceministro de Economía e interventor de la compañía- Axel Kicillof, el Estado ya fue condena a pagar 16.000 millones de dólares, una cifra que crece día a día por los intereses que corren por no pagar.